Establecieron una suba escalonada de 71% del precio de la yerba mate que se les paga a los productores

El gobierno nacional estableció un aumento escalonado de 71% para los próximos 6 meses, del precio de la yerba mate que se les paga a los productores. El primer incremento es de 52% y rige desde este mes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fijó los nuevos valores para la materia prima de la yerba mate con aumentos escalonados en abril, mayo y junio, con vigencia hasta septiembre.
La medida se dispuso a través de la Resolución 107/2023, publicada en el Boletín Oficial, luego de que no se arribara a un acuerdo unánime en el seno del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) entre la industria y los productores, lo que hizo necesario el laudo de Agricultura, tal como indica la Ley 25.654 de creación del organismo.
Para este mes de abril, los precios serán de $107.000 para la tonelada de hoja verde puesta en secadero y de $406.600 para la tonelada de yerba mate canchada, con un incremento del 52,68% respecto de los valores fijados de manera retroactiva para el semestre que va desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023.
En el bimestre de mayo a junio, los precios serán de $112.000 para la tonelada de hoja verde y de $ 425.600 para la de yerba mate canchada, en tanto para el trimestre de julio a septiembre serán de $120.000 y $ 456.000, respectivamente.
El 23 de marzo, por medio de la Resolución 45, el INYM sometió a arbitraje de la Secretaría de Agricultura la fijación de los precios de la materia prima, al no poder alcanzarse un acuerdo entre los 12 miembros del Directorio, en el que se encuentran representados todos los eslabones de la cadena yerbatera.
En esa conformación están incluidos los representantes de los gobiernos de las provincias productoras, Misiones y Corrientes, y del Gobierno nacional. El Directorio del INYM sesiona y toma decisiones con la mayoría simple de sus integrantes, excepto cuando debe fijar el precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada, cuya definición debe ser por acuerdo unánime y, en caso de no lograrse, se deriva al arbitraje de la Secretaría.