Enjuiciarán al funcionario que trasladó a una familia a una toma de tierras en Mascardi

Bariloche.- El recordado caso tuvo lugar en septiembre de 2020, un momento de muchas restricciones por la pandemia. El vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, será Juzgado por malversación de caudales públicos. En septiembre de 2020 fue sorprendido cuando trasladaba en un vehículo oficial a varias personas para poblar la toma de la comunidad Winkul Lafken Mapu en Villa Mascardi.
Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), será juzgado por la Justicia Federal por trasladar a una familia a la toma que la conflictiva comunidad mapuche sostiene desde 2017 en la zona de Mascardi. El funcionario nacional, que escolta a Magdalena Odarda en la conducción del organismo de relevamiento mapuche, había sido retenido en un control que la Policía de Río Negro tenía en el acceso norte a Bariloche.
Pilquiman manejaba una camioneta Toyota Hilux que el gobierno rionegrino había puesto a disposición de la cartera nacional para avanzar con ese relevamiento territorial en la provincia. La primera irregularidad que se detectó fue que el vehículo transitaba durante el horario de restricción, en plena pandemia. Además, no contaba con el seguro obligatorio para poder conducir e incluso tenía el registro vencido.
En ese momento y al dialogar con los inspectores, Pilquimán admitió que trasladaba a una familia desde la Línea Sur hasta la ocupación mapuche, versión que incluso ratificaron los trabajadores municipales durante la etapa preliminar de la investigación. Al darse cuenta de la repercusión negativa que cobró el caso, cambió de versión y aportó otra información. Sin embargo, el expediente judicial ya estaba en pleno proceso.
La familia que trasladaba hasta la toma continuó viaje hasta Villa Mascardi en otro vehículo, que acudió en auxilio de Pilquimán quien, sin embargo, tuvo que resolver el contratiempo y recién a las 48 horas recuperó el rodado.
La Cámara Federal, con asiento en General Roca, deberá ahora definir qué Juez tendrá a cargo el proceso judicial, en el que el funcionario nacional afrontará cargos por violar el artículo 260 del Código Penal por el delito correccional de malversación de caudales públicos. La pena establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.