Diputados neuquinos apoyaron la intervención de Vicentin

La Cámara de Diputados de la provincia sancionó hoy por unanimidad la resolución 1067 que habilita la herramienta de videoconferencia para las sesiones ordinarias destinada a aquellos diputados y diputadas que se encuentren en el interior de la provincia de Neuquén. De esta manera, y por primera vez en su historia, Neuquén y Buenos Aires son las únicas provincias argentinas que realizan las sesiones de sus poderes legislativos a través de plataforma virtual y de manera presencial en el recinto en el contexto de la pandemia. La diputada Soledad Martínez (FdT) participó y votó en la sesión a través del sistema remoto desde la localidad de Zapala.
La medida aprobada tendrá vigencia desde hoy y hasta el 13 de julio inclusive, fecha en la que el cuerpo se volverá a reunir en sesión ordinaria. Establece además, que las votaciones se realizarán de manera nominal y no a mano alzada o por voto electrónico, como es costumbre de la Cámara. Cabe mencionar que la decisión se enmarca con las medidas dispuestas por el gobierno de la provincia ante la evidencia de la circulación comunitaria del virus y que rigen hasta el 9 de julio, con posibilidad de prórroga.
Apoyo por Vicentin

El pronunciamiento indica que la decisión del gobierno nacional “contribuye a la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la cadena productiva del sector agropecuario” y manifiesta agrado por la culminación del proceso sumarial iniciado en el Banco de la Nación Argentina para dilucidar las responsabilidades sobre la proliferación de autorizaciones de créditos estatales.
Al actuar como miembro informante, el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) informó que la firma genera siete mil puestos de trabajo de manera directa y otros 21 mil de manera indirecta, e hizo un recorrido sobre el comportamiento financiero de la empresa durante el último tiempo. Cuestionó, entre otros aspectos, el otorgamiento de más de 26 préstamos crediticios en sólo 30 días durante la gestión anterior de gobierno. Aseguró que “el Estado debe rescatar a esta empresa que es estratégica” en tanto conlleva el ingreso del 20% de las divisas que ingresan al país por venta de harina y soja.
Su compañera de banca, Soledad Martínez defendió el proyecto al sostener que la discusión de fondo es “el rol del Estado frente a empresarios que hacen negocios a costa de los fondos estatales” y en ese sentido se pronunció a favor del control estatal de la compañía. Además, reafirmó que la Constitución Nacional le otorga atribuciones al titular del Poder Ejecutivo nacional para intervenir en la materia. “No hay avasallamiento de poderes”, remarcó.
Por el MPN, el diputado Maximiliano Caparroz argumentó el acompañamiento del bloque al señalar que “el gobierno de Neuquén tiene tradición en respetar y gestionar las soluciones que beneficien a los trabajadores y a la producción”. Si bien adelantó que no están de acuerdo con la expropiación o intervención en tanto “hay que respetar la vía judicial”, se pronunció a favor de que el gobierno nacional accione para “mediar por la situación de 28 mil trabajadores y 2600 productores” vinculados en forma directa e indirecta a la actividad de la firma.
Por el bloque Juntos por el Cambio, el diputado César Gass aseguró que el Estado nacional no puede afrontar el elevado pasivo “de una empresa que está irremediablemente fundida”, y señaló que sólo los capitales extranjeros de grandes compañías podrían “hacerse cargo”. Dijo que el presidente de la Nación no respeta la división de poderes y cuestionó todo accionar por fuera del marco de los canales judiciales. Su compañera de bloque, Leticia Esteves se pronunció a favor de investigar lo ocurrido con la empresa y aseguró que su espacio defiende “a la independencia de poderes y a las reglas claras de juego” para el país. Informó que la compañía incrementó su deuda en un 240% durante la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y un 36% durante la gestión de Mauricio Macri.
A su turno, el diputado Carlos Coggiola (PDC) cuestionó la ambigüedad de la redacción de la comunicación en tanto aún no se conocen las medidas que finalmente impulsará el presidente de la Nación. “Las herramientas aportadas hasta ahora no son más que declaraciones de prensa”, indicó el legislador, quien pidió expresar posiciones luego de la presentación de una propuesta formal por parte del gobierno nacional.
Desde las bancas de izquierda justificaron el voto negativo al afirmar que la empresa debe ser expropiada sin pago y debe permanecer bajo gestión y control obrero. En ese sentido, la diputada Patricia Jure (FIT) aseguró que el gobierno nacional dio marcha atrás con el objetivo de expropiar y denunció la complicidad de los gobiernos “con los negociados de Vicentin”; mientras que el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) aseguró que la única solución para que no sean perjudicados los trabajadores y las trabajadoras es la expropiación sin pago.