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Politica

Busamia y Cancela expusieron en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia

Neuquen.- La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió esta mañana al vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Germán Busamia, y al defensor general, Ricardo Cancela, en el marco del proyecto presentado por el Ministerio Público Fiscal para extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva ante la situación de pandemia de COVID-19. La reunión se llevó adelante con una modalidad mixta de participación presencial y remota, a través de una plataforma de videollamada.
En relación al proyecto, Busamia consideró que “no es prudente que el Tribunal se pronuncie” y acotó que se trata de una iniciativa que intenta fijar una regla sobre plazos y “esta una cuestión para litigar en audiencias”.
El vocal expuso información estadística y detalló el proceso penal para explicar el trabajo que realizó el Poder Judicial desde el 18 de marzo, fecha en que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese sentido, afirmó que el Poder Judicial “no es un poder que se ha paralizado, ha cerrado la puerta y se ha ido a su casa sin preocuparse por la gestión de los asuntos que tenemos la obligación de atender” y enumeró todas las medidas adoptadas por el Tribunal.
Señaló que el problema se registra en las audiencias de juicio porque implican reunir un promedio de 40 personas y remarcó que “nuestro deber en este tema de fuero proceso penal es brindar las condiciones de las oficinas judiciales para que los juicios se puedan realizar con absoluta seguridad para todos”. Añadió que “no tenemos en este momento una respuesta contundente, no tenemos un protocolo elaborado para poder garantizar en esta mesa que los juicios los podemos hacer en un plazo determinado” y aseguró que las inquietudes sobre el tema “no son elaboraciones abstractas del TSJ, vienen de quienes tienen a su cargo día a día la organización de estos juicios” y surgen de lo que implique el desplazamiento de testigos, víctimas y peritos.
En ese sentido, indicó que se está analizando diversas propuestas, entre las que mencionó la posibilidad de implementar una forma mixta de llevar adelante los juicios y comenzar a diseñar audiencias de los juicios unipersonales sin prueba o con prueba virtual. Pero aclaró que va a depender de los jueces y de los planteos que hagan las partes.
“No nos corresponde como TSJ y titulares de las Oficinas Judiciales penales marcarle a las partes cómo tienen que pedir la forma de realización de los juicios. Eso depende de los acuerdos que alcancen el fiscal y el defensor”, afirmó. También advirtió que “no depende solamente de nosotros, hay que ver muy bien a todos los involucrados” y señaló que “esto hay que litigarlo según cada caso, cada lejago, y en esa litigación las partes deberán demostrar la buena fe con la que están actuando”.
En otro orden, precisó que por el COVID-10 quedaron 56 juicios pendientes de realización y que, en ese mismo período, se dictaron 232 resoluciones jurisdiccionales. En cuanto a la actividad no penal, mencionó 745 causas ingresadas, 1057 sentencias y resoluciones intrelocutorias y 31.551 actuaciones generales, desde el 18 de marzo hasta el 15 de mayo.
El primero en exponer fue Cancela, que lo hizo en forma virtual, y aseguró que el proyecto de Gerez es “nulo, oportunista y de restricción de derechos que atenta contra todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. En esa línea, argumentó que lo considera nulo porque “desde que la Constitución y Tratados Internaciones de Derechos Humanos establecen cuáles son las garantías del proceso en forma clara, determinan que toda persona incursa en un proceso tiene derecho a ser juzgada en un tiempo razonable”. Desde la sala de comisiones del edificio legislativo, acompañaron a Cancela los defensores de Circunscripción, Fernando Diez y Raúl Caferra.
En su intervención, el defensor general sostuvo que el TSJ nunca prohibió “realizar determinados actos procesales y nunca se prohibieron las audiencias”. Agregó que el Ministerio Público de la Defensa tiene protocolos sanitarios y pautas de trabajo presencial y remoto para llevar adelante las tareas, al tiempo que destacó la cantidad de audiencias realizadas durante el aislamiento dispuesto por el gobierno nacional por el COVID-19. “Nosotros estamos preparados y no queremos hacerle pagar a la gente, con su libertad, nuestra comodidad”, aseguró.
El defensor general dijo que “no hay ningún problema de buscar diálogo y consenso para que esos juicios se lleven adelante; nosotros no vamos a poner ningún obstáculo para que se realicen esos juicios”.

Legislatura de Neuquen german busamia

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