Recuperó su libertad el barilochense ligado a la investigación por explotación sexual infantil

El juez de Garantías Sergio Pichetto autorizó las medidas cautelares que reclamaron los fiscales Martín Lozada y Mariana Lascano, a partir de la detención de Jorge Alejandro Lulich (48) domiciliado en el barrio Melipal y empleado de INVAP. Se trata de un sujeto ligado a una investigación de carácter internacional y que tuvo numerosas derivaciones en diversas provincias de nuestro país.
De acuerdo a los reportes, a través de una red de intercambio de archivos, las personas involucradas intercambiaron archivos que contenían imágenes y videos de material de explotación sexual infantil.
"Objetivo f65" fue el nombre del usuario investigado, a través del cual llegaron a numerosas direcciones de IP y a partir de la investigación, arribaron a diversos domicilios del país, desarrollándose allanamientos a fin de secuestrar dispositivos electrónicos.
La diligencia se desarrolló este martes por la mañana a cargo de los jefes fiscales Betiana Cendón y Martín Lozada, con personal de Criminalística y de Investigaciones judiciales.
Secuestraron en la vivienda de Lulich una notebook, cuatro CPU, dos celulares, 29 pendrives y otras tantas tarjetas de memoria y dispositivos de almacenamiento más armas de fuego. Según la investigación, hay más de 1138 archivos que compartió Lulich en la web.
Solicitó el Ministerio Público Fiscal que se apliquen las medidas cautelares de prohibición de salida del país, con notificación urgente a las fuerzas federales y migraciones; la prohibición de mudar domicilio sin aviso, la presentación cada 48 horas en la comisaría 27 de Melipal, un deber de abstención de utilizar medios digitales y la prohibición de uso de plataformas Emule y Ares. Una vez aplicadas todas las cautelares, se otorgó la libertad a Lulich, mientras los dispositivos secuestrados son analizados y explorados en Viedma.
Lulich no está formalmente imputado, pues el caso se encuentra todavía en la etapa de averiguación preliminar que podría extenderse hasta seis meses desde el momento en que el Ministerio Público Fiscal tuvo conocimiento del posible ilícito, es decir desde el último 22 de octubre. Las medidas cautelares rigen hasta el 22 de mayo de 2023.