La fiscal de Bariloche dijo que el Gobierno le ofreció tierras a los grupos autopercibidos Mapuches

La Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de la fiscal interina María Cándida Etchepare, informó a través de un extenso comunicado que el Gobierno ofreció tierras del Estado a grupos autopercibidos Mapuches pero esta acción no sirvió para detener la violencia en la zona.
La representante del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado repaso de cómo se fueron desencadenando los hechos en los últimos años y que las organizaciones Mapuches rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo antes del desalojo que se concretó el pasado 4 de octubre.
El pasado 28 de septiembre la Justicia Fedral solicitó el desalojo de los siete predios usurpados por el grupo “Lof Lafken Winkul Mapu” que reclama como propias tierras públicas y privadas. En el texto dado a conocer este jueves, la fiscalía señala que el reclamo se originó no en la forma tradicional que presentaba la ocupación de tierras en la zona de forma pública -como han hecho otras comunidades -, sino “en una visión que tuvo, en 2017, una niña de 16 años que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche”:“La joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”.
Independientemente del fundamento utilizado, el grupo autopercibido Mapuche “no canalizó sus reclamos por las vías de derecho”, según la descripción de la fiscal. En el comunicado se describió que no se inscribieron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), “ni pidió ser relevado”. El mencionado organismo gubernamental informó que “no tiene registro ni petición alguna vinculada a este grupo de personas” y cita por el contrario, el antecedente de la comunidad “Lof Colhuan-Nahuel” que sí se incribió y le fueron reconocidas tierras en el barrio Virgen Misionera.
Los miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu continuaron su reclamo haciendo uso de la fuerza y la violencia en diversos predios de Villa Mascardi.
En el comunicado la Fiscalía Federal hace referencia al conflicto originado en 2017 con la primera usurpación. Y si bien a lo largo de estos años ha solicitado desalojos de varios predios, el último se fundamentó en los hechos ocurridos a partir de la noche del 25 de septiembre cuando un grupo de entre 15 y 20 personas armadas atacaron a gendarmes que custodiaban la zona.
En este sentido, indicó que “el primero de los predios de Parques Nacionales fue usurpado en noviembre de 2017; luego, en enero de 2018, lo fue el siguiente hacia el Sur, de la familia Grehan-Giménez de Tournier; en julio de ese mismo año se extendió la ocupación hacia el norte, tomando el exhotel Mascardi, también de propiedad de Parques. En mayo de 2020 la violencia se extendió hacia el Sur, primero ocupando el predio del Obispado de San Isidro y luego los lotes del sindicato Unión Personal Superior del Gas (exGas del Estado). Finalmente acontecieron el incendio (a la casilla de gendarmería) y el ataque armado a las fuerzas de seguridad mencionadas”, detalla la fiscal.
Al día siguiente, el 26 de septiembre, cuando funcionarios judiciales se acercaron a la zona para realizar una inspección ocular, también fueron atacados por un grupo de personas. “El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo”, expuso en el texto que reprodujo el medio local El Cordillerano.