Qué le respondieron las prepagas a Caputo

Las entidades de medicina prepaga nucleadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra comunicaron que le pedirán a una audiencia al ministro de Economía, Luis Caputo, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.

En el escrito, difundido luego que el funcionario señalara en un tuit que a las prepagas “le están declarando la guerra a la clase media” (en referencia a las subas de cuotas, que están permitidas libremente desde enero por decisión del propio Gobierno), los representantes de las empresas consideran que la situación es de “extrema gravedad” y advierten que “pretenden no polemizar a través de los medios sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al Gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado”.

En rigor, Caputo comenzó a hacer declaraciones contra los incrementos de precios del sector el viernes último. “Se les recontra fue la mano” con los aumentos, dijo ese día. En su tuit de hoy, agregó que “desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. Sin embargo, no hay ninguna disposición concreta del Gobierno que tienda a frenar las subas en el sector.

“Somos conscientes y nos preocupa el aumento de las cuotas, porque valoramos a los argentinos que han optado por este sistema y es nuestra pretensión hacer todo lo posible para que continúen haciéndolo”, señala el comunicado de las cámaras empresarias. Agrega que el sector no es formador de precios y que la inflación “cruza transversalmente todos nuestros costos”.

Las subas aplicadas tras la desregulación

En los primeros tres meses del año los precios de los planes de salud se incrementaron entre un 135% y un 165% aproximadamente, según el caso. Para mayo, en tanto, algunas entidades comenzaron a comunicar en estos días que aplicarán subas cercanas al 10%.

Todos esos aumentos fueron posibles porque el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido por el presidente Javier Milei a pocos días de asumir, liberó totalmente los precios del sector. Hasta diciembre de 2023 las cuotas solo podían subir hasta un porcentaje dispuesto por la Superintendencia de Servicios de Salud. La regulación vigente hasta la llegada del actual gobierno habilitó un incremento acumulado de 134% para todo el año pasado, en el que la inflación fue de 211,4%. Ese retraso fue una de las argumentaciones que fueron utilizadas por referentes del sector cuando, en diciembre mismo, comenzaron a comunicar a sus afiliados que aplicarían subas de 40% en enero.

A ese incremento que efectivamente se cobró en el primer mes del año, se sumó otro de alrededor de 29% en febrero. Luego, hubo diferentes reajustes en marzo, que llegaron hasta el 23% en varios casos, y otro incremento en el actual mes de abril, que rondó entre el 15% y el 19%, en promedio.

Según las entidades, ese nivel de subas, muy por arriba de la inflación, fueron por la necesidad de reajustar los ingresos frente las subas de costos. Los directivos hacen hincapié en que en los últimos años el esquema de regulación dejó las cuotas retrasadas frente a las subas de precios de los bienes y servicios necesarios para la prestación de servicios de salud. Y ahora advierten los directivos, hay un impacto fuerte por la suba de combustibles y de las tarifas de energía.

La variación de costos

De acuerdo con un informe periódico hecho por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entre enero de 2012 y febrero de este año las cuotas de las prepagas subieron un 13.326%, mientras que los medicamentos se incrementaron un 26.476%, el índice general de precios al consumidor avanzó un 19.362%, el dólar oficial, un 19.364%, y los salarios del convenio de la sanidad, un 12.823%. Además, el directivo estimó que desde 2012 (ese año se toma como referencia, porque es el momento en que comenzó a regir la ley de regulación del sector) la nafta súper subió un 15.306%.

La decisión del Gobierno, que se formalizó con lo dispuesto mediante el DNU ideado por Federico Sturzenegger y firmado por todo el gabinete, implicó una liberación total de los precios, sin gradualismos y sin topes. La reacción del ministro de Economía llega cuando ya se aplicaron incrementos, al amparo de esa desregulación establecida por el Poder Ejecutivo, durante cuatro meses. Y no se contempla, por ahora, ninguna medida. Si bien Caputo señaló el viernes último que “tuvimos una reunión por este tema prepagas” y que “de alguna manera habrá que hacerlos competir y entender que hay un cambio cultural”, fuentes del sector señalaron que no hubo en los últimos días un encuentro con funcionarios para considerar el tema, de la cual haya participado el sector de manera institucional.

Entre los directivos de la actividad hay quienes interpretan que la reacción de Caputo surge ahora a causa del impacto negativo en la opinión pública de las subas libres de precios; el tema, de hecho suele ser tendencia en redes sociales cada vez que los usuarios reciben notificaciones sobre los incrementos. “Estamos seguros de que con un diálogo responsable y transparente se podrá llegar a acuerdos que contemplen la necesidad de todos los actores. El sector está dispuesto a acompañar -dentro de las reales posibilidades- los esfuerzos del gobierno por resolver los problemas de fondo de nuestro país”, expresa el comunicado de las cámaras del sector.

Los aumentos impactaron con mayor fuerza entre los jubilados, que tuvieron sus ingresos congelados en enero y febrero (en esos dos meses percibieron lo mismo que en diciembre, pese a que la inflación del bimestre fue de 36,6%), por lo que el peso de la cuota de las prepagas, para quienes tienen un plan contratado, se hizo mucho más significativo, medido como porcentaje de los haberes previsionales percibidos. Hubo, de hecho, varias medidas cautelares a favor de jubilados que reclamaron en la Justicia contra los aumentos.

Los reajustes del trimestre fueron mayores a los porcentajes indicados en el primer párrafo en algunos casos en particular. Un caso es el de quienes tuvieron las cuotas congeladas entre octubre y diciembre de 2023, si las prepagas a las que están afiliados incorporaron a los precios de este año las alzas autorizadas en aquel período (y que sí se aplicaron en su momento en las facturas de quienes no cumplían los requisitos para el congelamiento o no hicieron la declaración jurada requerida).

Otro caso es el de quienes derivan al pago de parte de la cuota un aporte obligatorio que se mantuvo sin cambios; por ejemplo, los jubilados que, a través una obra social, derivan el aporte previsto para el PAMI -en rigor, un monto fijo, no igual a lo que se descuenta del haber- a cubrir algo del costo de su prepaga. Si esos montos no se movieron, entonces impactan en un porcentaje más bajo del valor total de la cuota.