Solo el 46% de los trabajadores en casas particulares está en blanco

Tras más de 200 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) como medida para paliar las consecuencias sanitarias del covid-19, y luego de la disposición por parte del Gobierno del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), las empleados en casas particulares pudieron retomar en octubre su actividad bajo los protocolos correspondientes cuando fueron habilitados en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante los últimos meses en este sector se perdieron unos 20.000 puestos en blanco.
Se trata de una rama del mercado laboral que al segundo semestre de 2020 sumaba 1.105.000 trabajadores de casas particulares a nivel nacional, de las cuales solo 507.000 estaban registrados, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Sin embargo, según Carlos Brasesco, apoderado legal de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), se estima que en la Argentina hay alrededor de 1.400.000 trabajadores en casas particulares, en su mayor parte mujeres. “De esa cantidad, hay entre 550.000 y 600.000 en blanco y el resto está en negro”, afirmó en diálogo con Infobae.
Todos los trabajadores, independientemente de la cantidad de horas o de la modalidad de contratación, tienen que estar inscriptos en el registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo habilita a acceder a los beneficios sociales (aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo, obra social, entre otros).

En ese sentido, Brasesco explicó: “Hay culpas compartidas por la informalidad. Hay muchos empleadores que tratan de no tenerlas en blanco. Contratan gente con dificultades de documentación. O tratan de tenerlas en blanco pero mal registradas. Trabajan todo el día y las hacen figurar como que trabajan en un segmento de 12 a 16 horas que es el segmento intermedio. O durante la cuarentena las hicieron figurar como cuidadoras, para poder ser considerada personal esencial que se podía trasladar por transporte público de pasajeros. Esas son cosas que se le pueden achacar a los empleadores”.
Por otra parte, contó Brasesco: “En el caso de las empleadas muchas no quieren trabajar en blanco porque tienen subsidios. Por el entrecruzamiento de datos tienen miedo de perder los beneficios y no es así. Está instalada esa situación y por eso piden que no sean registradas”.