Políticas abusivas en plena pandemia: instan a las empresas de telefonía y TV por cable a retrotraer los precios

Aunque previamente a la declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio el Poder Ejecutivo Nacional solicitó a las empresas de telefonía fija, celular y televisión por cable que retrotraigan los aumentos, desde la semana pasada se están recibiendo numerosas consultas y reclamos vinculados con estas subas.

Si bien algunas empresas se encuentran ofreciendo beneficios extras a sus clientes, claramente esto no resuelve la imposibilidad de pago.
Dado este escenario, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación destacan que siguen recibiendo reclamos de clientes de telefonía fija e internet que se encuentran sin servicio desde principios de marzo y están obligados al pago sin posibilidad de efectuarlo.
A través del Decreto N° 311/20 se estableció que no se podía suspender o cortar el servicio en caso de no abonar facturas cuyo vencimiento opere a partir del 1 de marzo pasado. La medida abarca a un numeroso grupo de usuarios que claramente se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero quedan excluidos de este beneficio un importante número de usuarios que actualmente se encuentran atravesando una grave situación económica.
Durante los últimos años, en distintas Audiencias Públicas la Defensoría manifestó que los pagos por los servicios no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con el derecho humano a una vida digna: a la salud, a la educación, a una vivienda y a la alimentación.

Y agregó que “no es coherente someter a los usuarios y usuarias a nuevos incrementos tarifarios ni puede suponerse que pueden soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”.
La Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada (Artículo 11, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), refuerza el concepto de lo que se concibe como una vivienda adecuada. Entre varios aspectos a tener en cuenta y que se vinculan con la asequibilidad de servicios básicos fundamentales, se encuentran la disponibilidad de servicios y los gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.

Desde la semana pasada en la @DPNArgentina estamos recibiendo numerosas consultas y reclamos vinculados con los aumentos de la #telefoníafija, #celular y la #televisiónporcable

Continuar leyendo....https://t.co/wYk6QW2Iey pic.twitter.com/6mnmBLNpVQ

— Defensoría del Pueblo (@DPNArgentina) April 1, 2020

Así es que, en el actual contexto de emergencia sanitaria y económica, la Defensoría considera que “las empresas de telefonía (básica y celular), como también las de televisión por cable, deberían retrotraer los incrementos y permitir abonar las facturas de los servicios al valor anterior”.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo instan al Ministerio de Desarrollo Productivo a analizar la incorporación de otros beneficiarios del Decreto 311/20 con fundamento en la afectación en la capacidad de pago por la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país.