jueves 25 de abril de 2024

Juntos por el Cambio: la Coalición Cívica no firmó el pedido de juicio político a Alberto Fernández

sábado 14 de agosto de 2021

El escándalo por la fiesta de cumpleaños de la pareja de Alberto Fernández en la quinta de Olivos podría haber sido la mejor materia prima para la oposición en la campaña electoral, pero inesperadamente surgieron diferencias entre los socios de Juntos por el Cambio: mientras el PRO y la UCR impulsan un pedido de juicio político al Presidente, la Coalición Cívica (CC) se negó a firmarlo. Elisa Carrió dijo que “en campaña no se hace juicio político”, aunque el motivo real sería que teme que Cristina Kirchner y La Cámpora aprovechen la ofensiva para desplazar al primer mandatario y quedarse al frente del Poder Ejecutivo.

Algo similar ocurrió el año pasado cuando la ex diputada propuso respaldar a Daniel Rafecas, el candidato del Presidente para la Procuración General de la Nación, porque lo consideraba “un mal menor” ante la posibilidad de que se designara a alguien afín al kirchnerismo o que se cambien las mayorías y plazos para su nombramiento. Desde el PRO, la misma posición tuvieron Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. En su visión, el “ala dura” de Juntos por el Cambio, que consideraba que no debían meterse en una interna del oficialismo, terminó siendo “funcional” a la Vicepresidenta.
Los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, estuvieron en contacto hace 48 horas por un comunicado en el que expresaron su “absoluto repudio” al incumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de Alberto Fernández y exigieron “en forma urgente” que se brinden a la sociedad “las explicaciones que justifiquen esta conducta”. Pero sólo un grupo de diputados del PRO y de la UCR, integrado por Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Waldo Wolff y Luis Petri, entre otros, presentó este jueves un proyecto de resolución para pedir el juicio político contra el Presidente “por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.