martes 23 de abril de 2024

El Gobierno, la UIA y la CGT acordaron que las suspensiones de trabajadores tendrán una rebaja salarial del 25%

lunes 27 de abril de 2020

La UIA y la CGT llegaron a un acuerdo con el Gobierno para definir el tope del descuento salarial de los trabajadores suspendidos por falta de tareas: será del 25% del sueldo neto y se plasmará en un decreto o resolución que servirá como orientación para las negociaciones que mantienen empresarios y sindicalistas durante abril y mayo.

El sindicalismo presionaba para que las suspensiones pagas, que se multiplicaron por la parálisis económica que provoca la cuarentena, se pudieran firmar dentro de un acuerdo general que estableciera un tope de rebaja salarial del 20%, pero para el empresariado esa cifra era “inviable”.
Lo que precipitó esta discusión desde hace una semana fue el dictado del decreto 376, mediante el cual el Gobierno se comprometió a pagar la mitad del sueldo de los trabajadores de las empresas en crisis (hasta un máximo de $33.750 por empleado) y el descuento de las contribuciones patronales.
De esta forma, la CGT planteó el martes pasado que que si el Estado pagará el 50% del sueldo de quienes están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. La UIA rechazó esa propuesta porque considera que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas. Para intentar una solución, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, propuso entonces que ambas partes y el Gobierno definieran un piso de porcentaje salarial para las suspensiones que se ubique entre el 50% que proponen los empresarios y el 100% que pretenden los gremios.

La CGT quiere que el acuerdo marco fije una orientación general, sobre todo para los sindicatos más chicos y con menor margen de negociación, pero que delegue la aprobación de las suspensiones en los términos de una negociación con los empresarios dentro de cada convenio colectivo de trabajo.
Desde que se agravó la crisis económica por la cuarentena se presentaron ante el Ministerio de Trabajo 120 acuerdos de empresas y sindicatos que pactaron suspensiones pagas y la preservación de las fuentes de trabajo, de acuerdo con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Si bien los despidos y las suspensiones están prohibidas desde el 31 de marzo por el decreto 329, en la misma norma, al incluir se contempla la posibilidad de que acuerden de manera individual o colectiva las suspensiones a cambio de una retribución no remunerativa si hay falta o disminución del trabajo.
Las suspensiones dentro de este esquema ya fueron firmadas por el sindicato mecánico (con reducciones salariales de entre el 30% y el 40%), los gremios petroleros (que acordaron una rebaja de sueldos del 40%), los empleados de autopistas de AUSA, la industria del calzado, las cadenas de comida rápida, la aerolínea Flybondi y esta mañana se sumaron los trabajadores textiles: la cámara acordó con el sindicato que encabeza Hugo Benítez que el personal suspendido cobrará durante tres meses una suma fija que oscila entre los 17.000 y los 20.000 pesos.


La dirigencia de la CGT pide ayuda para las obras sociales
El otro tema crucial que la CGT está negociando con el Gobierno tiene que ver con la plata para el sistema de obras sociales. Esta tarde, los dirigentes sindicales estaban elaborando en la Federación de Sanidad una propuesta para que este mes se distribuyan “de manera equitativa” $4.000 millones del Fondo de Redistribución, que la Superintendencia de Servicios de Salud se aprestaba a repartir con un criterio considerado “discrecional” por algunos gremialistas.
La Superintendencia, encabezada por Eugenio Zanarini, ya había distribuido en forma polémica $2.800 millones en marzo, por lo que, ante la queja de la CGT, el funcionario se comprometió a hacerlo de manera consensuada al mes siguiente. Sin embargo, según el diario Clarín, el nuevo listado de beneficiarios privilegió nuevamente al sindicato de Hugo Moyano y hubo muchos casos de repartos de fondos realizados de manera arbitraria: por ejemplo, la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz recibirá $24.281.387, mientras que a la obra social de la UOM, en cambio, le tocarán $25.154.100, aunque los metalúrgicos tienen muchísimos más afiliados. También se benefició a obras sociales chicas que tienen acuerdos con las prepagas, que serán las aliviadas por la llegada del dinero.