El Congreso se prepara para debatir la "Muerte digna"

Argentina está ante la posibilidad de dar un paso histórico en materia de derechos humanos con el debate legislativo sobre la eutanasia. En la actualidad hay tres proyectos vigentes en el Congreso que buscan legalizar el derecho a morir y que están próximos a ser tratados en comisiones.

El primer proyecto lleva el nombre “Ley de Buena Muerte y regulación de la eutanasia”, y fue presentado el 26 de noviembre del 2021 por los diputados de la UCR Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y de Alejandro Cacace. El segundo proyecto titulado “Ley de Interrupción Voluntaria de la Vida” fue presentado por los legisladores radicales Julio Cobos y Pamela Verasay el 30 de noviembre. El último se llama “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente” o “Ley Alfonso”, fue presentado el 6 de diciembre y es impulsado por Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos.
En los últimos días, la diputada Latorre presentó un pedido de tratamiento para su proyecto mediante el artículo 109. El apartado contempla que cuando tres o más diputados realizan esta solicitud, la presidencia de la comisión está obligada incluirlo en el temario, por lo que se espera que las iniciativas para la legalización de la eutanasia se puedan empezar a debatir luego del receso invernal.
Al igual que sucedió con el tratamiento de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se buscará que la discusión en las comisiones sea de carácter informativa y para eso se invitará a especialistas de distintos campos para que den su visión al respecto.

El hecho que haya proyectos de las dos fuerzas mayoritarias de la cámara baja -el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- da la pauta de que habrá un amplió consenso para abordar los distintos proyectos, conseguir el dictamen para llevarlo al recinto e incluso transformarlos en ley.
“Si se votara ahora, los números serían mejores que los números que se consiguieron con la ley IVE. Muchos opositores al aborto están a favor de la eutanasia”, sostuvo Latorre en comunicación con C5N.com.
Para la diputada de la UCR, la discusión va en sintonía con el reclamo de un reconocimiento que va ganando espacio “en la opinión pública” y también en las agendas legislativas del mundo. Una encuesta realizada en la provincia de Córdoba lo confirma. Según el estudio de la consultora Zuban Córdoba, el 68 por ciento de los cordobeses están de acuerdo con legalizar la eutanasia. Quienes trabajan en los distintos proyectos coinciden en que el número sería mayor si la encuesta se ejecutara a nivel nacional.
“Estoy convencida de que efectivamente es un derecho que hay que reconocer, legislar y regular. La muerte es parte de la vida y en ese sentido las personas deben tener derecho a una muerte digna”, expresó.
Qué dicen los proyectos de Eutanasia: puntos de acuerdo
Si bien desde el 2012 existe en Argentina la Ley de Muerte digna, que permite a toda persona mayor de edad rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, esa normativa no autoriza la eutanasia.
Por ese motivo, los tres proyectos presentados persiguen un mismo objetivo: que las personas mayores de edad que padecen una enfermedad grave, crónica e incurable, y que vean afectada su dignidad, sin diagnóstico de mejoría, puedan decidir cuándo morir.
En cuanto a la modalidad del procedimiento, las tres iniciativas contemplan la “práctica eutanásica”, en donde un profesional de salud es quien administra la sustancia que provoca la muerte; o la “muerte asistida”, en donde un profesional de la salud prescribe la sustancia, pero es el paciente quien se la administra.
Otro punto en común entre los distintos proyectos es la figura del médico responsable y médico consultor. El primero es quién está a cargo del paciente y quien obrará como interlocutor principal, informando todo el proceso de asistencia. Es también quien puede denegar la práctica si considera que no se cumplen los requisitos. Mientras que el consultor debe estar especializado en la patología de quien requiera el derecho y ser independiente del responsable. Es quien otorga la confirmación médica del diagnóstico, las opciones terapéuticas y el pronóstico de vida del paciente.
Por otro lado, las tres iniciativas contemplan la creación de una comisión que tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa y proteger los derechos de los pacientes. Por último, las tres propuestas incluyen la objeción de conciencia individual o de las instituciones de salud, en los mismos términos que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.