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Referentes indígenas rionegrinos solicitan audiencia urgente con Alberto Fernández

Bariloche.- El werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, y el titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), Newen Loncoman, solicitaron de manera urgente una audiencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con motivo de impedir la realización de una caravana vehicular hacia Villa Mascardi que fue convocada para el domingo a partir de los hechos que acaecieron en esa zona durante los últimos días, ya que los representantes indígenas consideran que esa acción puede devenir en instancias aun más violentas.

En una carta, los referentes de los pueblos originarios indican: “Venimos por este medio a solicitar que arbitre los medios necesarios para el resguardo de las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, otras comunidades y familias mapuche tehuelche de la Comarca Andina”.

Así, en el texto explican que el pedido remite a que el domingo a las 15 "se llevará a cabo una marcha que tiene como objetivo llegar hasta Villa Mascardi”.

En tal sentido, consideran que la acción “es convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas".

"Son conocidos por sus expresiones de odio para con el pueblo mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distintas comunidades”, agregan.

Además, expresan que los organizadores “han reconocido en medios de comunicación la intención de generar un daño a la comunidad”.

“El diputado Nacional Waldo Wolff, el legislador provincial Juan Martin y reconocidos agitadores sociales han publicado un video de convocatoria”, añaden.

Los firmantes reconocen que “han sucedido desde hace tiempo varios hechos delictivos que deben investigarse”, pero, con respecto a ese punto, exponen: “El Poder Judicial de la provincia de Río Negro debe investigar, esclarecer y encontrar a los responsables”.

Sobre los métodos de control que existen en la zona, indican: “Más de cien millones de pesos se han volcado a la compra de equipamiento de vigilancia y seguridad, que incluyen cámaras, equipos de comunicación, drones, luminaria para la ruta, vehículos, etcétera, además de tener interferidas todas las comunicaciones, que le permitirían dilucidar hechos, mecanismos, móviles y responsabilidades”.

“Hemos denunciado públicamente nuestras sospechas de escenarios armados para endilgar la responsabilidad en el pueblo mapuche, asimismo también hemos afirmado que el Informe RAM (en referencia al documento que se preparó durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre la acción en la región de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche) es un invento armado y planificado por Patricia Bullrich (por entonces, ministra de Seguridad) para avalar la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, utilizando para ello a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval”.

En ese punto, así como en la mención anterior a integrantes del PRO como convocantes a la marcha, se observa la intención de tocar el “nervio” partidario contra la política de la etapa macrista, más allá de que Carriqueo ha manifestado diferencias con el actual gobierno, manifestándose también contra el accionar del Frente de Todos.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad política y humana para no permitir que se agudice el conflicto. La mayor responsabilidad recae en el Estado, pues los conflictos territoriales vienen arrastrando la historia de un genocidio que no ha sido ni reconocido y mucho menos reparado”, señalan.

De esa manera, aprecian: “El Estado Nacional debe asumir el compromiso del diálogo con voluntad política y la responsabilidad de cumplir con los marcos legales internacionales, nacionales y provinciales para resguardar el derecho indígena de un pueblo preexistente al Estado”.

“Es nuestra responsabilidad, como organización política del Pueblo Mapuche-Tehuelche, advertir y denunciar la gravedad de los hechos”, concluyen.

La misiva, además de haber sido dirigida al presidente, fue enviada a distintos ministros (del Interior, Wado de Pedro; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta), así como al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Fuente: El cordillerano
BARILOCHE

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