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Ratifican que es facultad del MPF resolver recusaciones de fiscales

Por pedido del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, un Tribunal de Impugnación confirmó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene la facultad de dictar resoluciones administrativas para resolver las recusaciones de los y las fiscales que intervienen en las investigaciones penales.
Lo hizo hoy, al ratificar la resolución administrativa del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien en carácter de fiscal general subrogante, confirmó la intervención del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid en un caso en el que están bajo investigación el juez de garantías Diego Piedrabuena y una mujer, por un hecho ocurrido en un hípermercado de la ciudad de Neuquén. El argumento fue que no es admisible la impugnación en contra de esas decisiones de la fiscalía.
En una audiencia anterior, la jueza de garantías Patricia Lupica Cristo había manifestado que la recusación de las y los fiscales, esto es, cuando se solicita que sean apartados de una investigación, es un trámite administrativo que se resuelve en la esfera del MPF. El acusado y la acusada impugnaron esa decisión y durante la audiencia que se desarrolló hoy el tribunal integrado por los jueces Fernando Zvilling, Richard Trincheri y Daniel Varessio, rechazó la impugnación por inadmisible y ratificó lo que había expresado la magistrada.
En el caso se investiga el accionar del juez penal Diego Piedrabuena y de una mujer, L.N.G., durante un hecho ocurrido en un hípermercado de la ciudad. Los imputados pidieron el apartamiento del fiscal Breide Obeid, recurso que había sido rechazado a través de un trámite administrativo interno del Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, las defensas de Piedrabuena y de L.N.G también pidieron al T.I que revise la participación de dos policías que intervinieron en el hecho y que se constituyeron como querellantes particulares, también con el aval de la jueza de garantías Patricia Lupica Cristo. En este punto, el T.I admitió el análisis del recurso al declararlo admisible. Y decidió por unanimidad que ambos efectivos de la fuerza pueden ser querellantes.
Piedrabuena es investigado por el delito de atentado a la autoridad agravado por ser funcionario público, en carácter de autor (artículos 237 y 238, inciso 3, del Código Penal); y L.N.G por resistencia a la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser contra un funcionario policial, en carácter de autora (artículos 239, 89, 92 en función del 80, inciso 8, del Código Penal).

ministerio publico fiscal

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