Nombraron a los integrantes postulados por organismos de DDHH en el Comité provincial contra la tortura

Neuquén.- La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) nominó hoy a los postulantes de organizaciones de Derechos Humanos para integrar el “Comité Provincial para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. De esta forma, el cuerpo que preside el diputado César Gass (JC) finalizó la instancia para designar a los representantes civiles, restando la designación de otros tres miembros por el Poder Legislativo.
Los cinco representantes nombrados hoy para integrar el Comité son: Néstor Fabián Giménez –miembro de la Cooperativa de trabajo “La Libertad”-, Daniel Scatizza - docente de Historia y ex integrante de Zainuco-, Roberto Samar –Director general de coordinación de la subsecretaría de las Mujeres de la provincia-, Estefanía Araceli Buamscha –directora general del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género de la provincia- y Silvia Conyoupetru – docente en contexto de privación de la libertad e integrante de la Dirección de Penas Alternativas-. Todas las personas interesadas que participación de la instancia de postulación fueron propuestos por los organismos de Derechos Humanos -ADPH y por la Asociación de Pensamiento Penal.
Según lo estipulado por la ley 3213 –de creación del Comité-, el órgano estará constituido por ocho miembros: cinco propuestos por organizaciones de DDHH, sociales, académicas y de profesionales involucradas en la lucha contra la tortura y tres por del Poder Legislativo, dos de ellos designados por la fuerza con mayor representación y uno por la segunda.
Con la nómina sugerida por organismos de DDHH ya completa, la que será elevada al recinto en la próxima sesión del pleno, resta nombrar a las tres personas que formarán parte del Comité en representación del Poder Legislativo, tal como lo prevé el articulado de la ley.
La norma estipula que los integrantes del Comité ejercerán su cargo en forma personal, y su mandato dura cuatro años; pueden ser reelegidos una sola vez. Tienen derecho a percibir una remuneración mensual de acuerdo con sus funciones. El Comité se constituirá en el ámbito de la Legislatura y tendrá autonomía funcional y facultades para cumplir lo establecido en la ley. Administrará los fondos que se le asignen, sin recibir órdenes ni directivas de ninguna autoridad.


En la reunión de ayer, el cuerpo entrevistó a Giménez, Scatizza y Samar, tal como lo había hecho la semana anterior con los otros tres postulantes.
En las entrevistas –que se realizaron de manera individual y por separado-, los tres candidatos de hoy coincidieron en que el Comité debe no solo controlar que no existan malos tratos en las unidades penitenciarias sino, y fundamentalmente, avanzar en políticas de prevención de la violencia y de fomento de la reinserción, tanto laboral como social.
Giménez –fundador de la Cooperativa La Libertad- se refirió a la sistemática violación de los Derechos Humanos al interior de las unidades penitenciarias. Mencionó que, tras haber sufrido malos tratos al estar detenido, se dedicó a trabajar desde la Cooperativa en la reinserción laboral de personas que recuperaron su libertad, mediante la implementación de talleres de cooperativismo y economía social. En tal sentido, informó que, a partir del trabajo en la Cooperativa, 1500 personas ya fueron reinsertadas en el mercado laboral. “El mero encierro ya es una tortura”, sostuvo Giménez quien se mostró “esperanzado”, según dijo, en “sacar a la luz las cárceles oscuras” con la puesta en marcha del Comité.
A su turno, Scatizza también se refirió a los principales problemas al interior de las cárceles, entre ellos la sobrepoblación. En relación al funcionamiento del Comité, remarcó que debe orientarse no solo al monitoreo del trato hacia las personas detenidas y las visitas, sino también avanzar “para evitar malos tratos –físicos y no físicos- mediante políticas públicas y capacitación”. En esa línea, subrayó la importancia de la concientización social para “romper con el estigma de que las personas privadas de su libertad son parias” en tanto son personas cuyo único derecho restringido es la libre circulación ambulatoria y el resto de los derechos constitucionales deben ser garantizados. Además, se pronunció a favor de crear un sistema penitenciario provincial y aseguró que es “el Estado quien debe garantizar que se eviten situaciones de violencia, no el sujeto cuyos derechos se ven vulnerados”.
Finalmente, Samar comparó la violencia en las cárceles con la punta de un iceberg, por lo que el Comité debería estudiar y trabajar sobre las causas de la violencia, en tanto base de dicho iceberg. También indicó que debe funcionar como un órgano de control pero sobre todo de elaboración de estrategias para la prevención y para “finalizar con el discurso social punitivista”. Dijo que la cárcel es un espacio “en el que deben estar todas las áreas del Estado como salud, seguridad social, educación” en tanto “esa presencia genera porosidad en el sistema”. Sostuvo que, a diferencia de las unidades penitenciarias federales, las de la provincia cuentan con una población detenida “chica, lo que representa una oportunidad” para trabajar en la efectiva reinserción social.
Estuvieron presentes César Gass, Ludmila Gaitán, Elizabeth Campos, Andrés Blanco, Ludmila Gaitán, Teresa Rioseco, Soledad Salaburu, María Fernanda Villone y Darío Peralta.