La Rosada define la convocatoria a sesiones extraordinarias

El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional podría concretarse en las próximas horas y se trataría, además del Consenso Fiscal, una serie de proyectos económicos. También incluiría la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, desde la Casa Rosada confirmaron que finalmente el Presidente de la Nación sí presentará el Plan Plurianual que prometió que enviaría al Congreso hace unas semanas.
El poder Ejecutivo está afinando los últimos detalles para convocar a sesiones extraordinarias para los meses de enero y febrero, antes del inicio formal del periodo parlamentario 2022 de marzo en el Congreso de la Nación.
El oficialismo en el Congreso tiene los números complicados en ambas cámaras, pero aún así, tiene fe de poder llevar adelante las iniciativas que propondrá para las sesiones extraordinarias y sancionarlas llegando a acuerdos con la oposición.
En ese sentido, el Gobierno arranca el 2022 con una agenda legislativa pesada que incluye un desconocido Plan Plurianual -que Alberto Fernández prometió que enviaría al Congreso en diciembre del 2021-, el Consenso Fiscal y la reforma del Consejo de la Magistratura.
Cabe destacar que en sesiones extraordinarias el que define el temario es el Ejecutivo. El llamado se realiza para los meses de enero y febrero, aunque no significa que se realicen sesiones en ambos meses necesariamente. En esa línea, desde Congreso creen que que se sesionaría recién en el mes de febrero.
A su vez, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó la semana pasada que el Ejecutivo ya tenía decidido la convocatoria a extraordinarias y que el temario incluiría el Plan Plurianual: una suerte de presupuesto a largo plazo a partir de lo negociado con el FMI. Un eventual acuerdo con el Fondo también debería pasar por le Congreso.
Sobre ese «Plan Plurianual» circulan versiones cruzadas: mientras algunos señalan que estaría incluido en el temario de extraordinarias, otros advierten que la presentación podría llegar recién en marzo.
El otro tema que podría figurar en la convocatoria a extraordinarias es la reforma del Consejo de la Magistratura, una iniciativa que ahora reclama la Corte Suprema de Justicia con un fallo que generó malestar en el Gobierno nacional.
La Corte declaró inconstitucional la ley de 2006 que determinó la conformación actual del organismo que selecciona y disciplina a los jueces y exhortó al Congreso a sancionar una nueva norma.
El fallo ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Actualmente tiene 13 miembros, con fuerte peso de los representantes políticos.
Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en extraordinarias.
Sin embargo, el Senado ya hay un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura enviado a principios de diciembre por el Poder Ejecutivo, anticipándose al fallo de la Corte.
La iniciativa apunta a a sumar cuatro integrantes al Consejo, para que esté compuesto por cuatro jueces del Poder Judicial, seis legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.


Según fuentes de la Casa Rosada, la mayoría de las leyes que el Ejecutivo buscará tratar en febrero de 2022 son de carácter económico.
Así las cosas, el Ejecutivo tiene en carpeta media docena de proyectos económicos de incentivos a la producción y exportación que incluyen Ley de Hidrocarburos, la de Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino, de Electromovilidad y de Industria Automotriz.
Además, trascendió que se agregó como posible tema a tratar en extraordinarias el Consenso Fiscal que firmaron la semana pasada todos los mandatarios provinciales con excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.