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La Corte Suprema limitó la ocupación de los mapuches liderados por Facundo Jones Huala

Con un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia rechazó un hábeas corpus preventivo presentado por la comunidad del Pu Lof de Cushamen, Chubut, liderada por Facundo Jones Huala. El recurso denunciaba “un plan persecutorio” y la falta de respeto a las tradiciones indígenas por parte de la Justicia y la Policía provincial que investigan denuncias en esos campos tomados por los mapuches.
Con la decisión del máximo tribunal integrado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, con fecha del 10 de septiembre, se limita la ocupación de esos terrenos pertenecientes al empresario Luciano Benetton y otros propietarios y rechaza que exista “un plan persecutorio” contra las comunidades mapuches de la región por una serie de causas abiertas desde el 2016 por los supuestos “delitos de abigeato, posesión de armas de fuego y cortes de ruta”, sostienen en el fallo, según consignó Clarín. Además se habilitó a que se continúe con la investigación de esas causas.
La presentación del hábeas corpus preventivo la hizo en 2017 el Defensor General Oficial de Chubut, Gerardo Tambussi, que denunció en ese momento que las intervenciones judiciales y policiales en la comunidad constituían “una amenaza a la libertad” de sus miembros. Asimismo remarcó que las mismas “implicarían un desconocimiento de los derechos que la Constitución Nacional reconoce a los pueblos originarios, en especial, el de recibir un trato respetuoso de sus propias normas consuetudinarias, valores, usos y costumbres”.
El motivo del hábeas corpus enumera una serie de hechos pero hace hincapié en un episodio ocurrido el 11 de enero de 2017 cuando personal de infantería de la Policía del Chubut ingresó al territorio del Pu Lof, “dispararon armas de fuego e hirieron a varias personas”.
Pu Lof de Cushamen es la comunidad que lidera Facundo Jones Huala, que en la actualidad está detenido en Chile y cumple con una condena de 9 años de prisión por incendiar una cabaña y por posesión de armas de fuego.
En esas mismas tierras que están en conflicto, en la entrada a Esquel, en agosto de 2017 murió ahogado el artesano Santiago Maldonado luego de que la Gendarmería realizara un operativo de desalojo de un corte de Ruta nacional 40 .
El Procurador General interino, Eduardo Casal, por su parte, indicó que las denuncias de supuestos abusos están siendo investigadas y opinó que los jueces de la causa “han concluido que de los antecedentes que se pudieron acreditar, no se sigue la existencia de una práctica por parte de las autoridades provinciales que constituya una amenaza actual, ilegal y manifiestamente arbitraria a la libertad de las personas en cuyo nombre se instó el hábeas corpus”.
En esa misa línea consideró que el caso “no se encuentra regido directamente por las normas de rango constitucional que consagran los derechos de los pueblos originarios y es conocido el criterio de la Corte de que su sola mención no basta para dar sustento a una cuestión federal, pues de otro modo la jurisdicción del Tribunal se vería privada de todo límite, ya que no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional”.
Más allá de su posición, el jefe de los fiscales federales reconoció que en esa zona de Chubut existe “un conflicto persistente que exige a las autoridades competentes realizar el máximo esfuerzo disuasivo de toda forma de expresión violenta y actuar con la cautela y circunspección que surge del mandato de interpretación restrictiva de toda disposición o facultad legal que coarte libertades personales”.
La postura de Santiago Cafiero sobre las tomas
En el informe de gestión que brindó en el Congreso hace unos días, el jefe de Gabinete se refrió al tema de la toma de tierras y aseguró que debe ser analizado desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas federales y provinciales solo pueden intervenir ante una orden judicial.
“Una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”, señaló Cafiero.

“El Ministerio de Seguridad informa que el planteo realizado por la Ministra de Seguridad ha sido que la problemática del acceso a la vivienda y la toma de tierras no puede reducirse a un abordaje secundario”, respondió el funcionario al ser consultado por el tema.

Fuente: /TN
corte suprema

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