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Interno baleado en el Penal 3 cobrará más de 9 millones

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería aceptó parcialmente la apelación intentada por la provincia de Río Negro y redujo la indemnización millonaria que deberá recibir Claudio Maximiliano Bascur, por haber resultado herido por un agente penitenciario cuando se encontraba detenido en el Establecimiento Penal 3.

El hecho que motivó la presentación de la demanda ocurrió el 2 de mayo de 2016 en horas de la tarde en el pasillo externo del Pabellón 1 de la unidad penal de Bariloche, cuando en el marco de una intervención autorizada por el jefe del Establecimiento, a fin de morigerar una pelea entre algunos internos, un agente integrante del grupo CIEP -Comando de Intervención Especial Penitenciaria- y único "escopetero", utilizó el arma Stopping Power marca Akkar, cargada con cartuchos calibre 12 UAB AT (anti tumulto) que le fuera suministrada por la fuerza.

En la demanda se manifestó que el agente disparó de frente, a quemarropa y a menos de diez metros de distancia contra el rostro de la persona que resultó víctima. De esta manera, según la presentación, provocó severas lesiones al interno.

Una posta de goma impactó en el ojo izquierdo del interno, provocando el estallido del globo ocular, ocasionándole una debilidad permanente del sentido de la visión, comprometiendo además su aspecto. Dos balas más también afectaron su físico.

Por esta causa, en la que también resultaron lesionados otros internos, se abrió antes una causa penal en la que el agente Pablo Riffo resultó absuelto por el beneficio de la duda, ya que no se pudo acreditar si la bala rebotó primero (como marca el protocolo de actuación) o impactó directamente.

La sentencia de la Justicia Civil concluyó que “si bien para responsabilizar al agente en forma personal se requiere que su actuación haya sido irregular, para responsabilizar al Estado solo basta que el agente haya actuado con motivo o en ejercicio de sus funciones".

Además, resumió el fallo que a lo largo del expediente se acreditó que la intervención del grupo especial al que pertenecía el agente involucrado se encontraba justificada por la situación generada en el pabellón entre los reclusos.

Pero más allá de ello, “la única norma aplicable al caso solo requiere que la actuación del agente se haya desarrollado con motivo o en ejercicio de sus funciones, con independencia de la regularidad o irregularidad del acto”, concluyó el fallo.

Así las cosas, el Juzgado Civil de primera instancia evaluó la indemnización reclamada por las lesiones sufridas y la incapacidad que derivó de la pérdida del ojo y concluyó que las pericias determinaron que Bascur sufrió lesiones gravísimas sobre el globo ocular y lesiones graves en la región de los párpados.

En tal sentido, además de evaluar los daños físicos, morales y psicológicos, el Juzgado determinó una indemnización de $ 3.240.610 ($2.400.000 por incapacidad física, $200.000 por menoscabo al proyecto de vida, $104.000 por daño psicológico, $36.610 por gastos médicos, y $500.000 por daño moral), a lo que debían adicionarse los intereses.

Pero la Cámara de Apelaciones revisó el monto indemnizatorio establecido en primera instancia y consideró que el capital indemnizatorio total debe reducirse a la suma de $2.284.489 ($1.643.879 por incapacidad, $104.000 por tratamiento psicológico, $36.610 por gastos médicos, y $500.000 por daño moral), a lo que deberá aplicarse el interés correspondiente, llevando el total indemnizatorio a una cifra superior a los 9 millones de pesos.

Tomada esa cifra como base de cálculo -$9.289.364,33 compuesta por $2.284.489 en concepto de capital y $7.004.875,33 por intereses moratorios devengados hasta el 31 de mayo de 2022-, los jueces regularon los honorarios de la abogada Marina Schifrin en la suma de $1.430.562.

En tanto que dos peritos –oftalmológico y psicológico- se llevarán más de 460 mil pesos cada uno, en concepto de honorarios.Pero además, regularon los honorarios de los abogados para la instancia de apelación y en tal sentido se estableció la suma de $357.640 para Marina Schifrin y de $429.169 para los abogados de la Fiscalía de Estado de la provincia, Juan Garciarena y Blanca Passarelli.

Fuente: El cordillerano
BARILOCHE

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