Ingresó a la Legislatura el presupuesto judicial que asciende a 9.437 millones de pesos

Las vocalías del Tribunal Superior de Justicia presentaron el presupuesto para el ejercicio financiero del Poder Judicial del próximo año, el que asciende a 9.718 millones de pesos. Del total del gasto, que se compone de 9.437 millones, 8.455 millones se destinarán al pago de salarios, lo que representa el 89.6% del total de gastos.
La proyección estima 2.414 cargos de planta para funcionamiento de Poder, de los cuales 2.389 son planta permanente y los 25 restantes personal temporario.
El total de los recursos que ingresarán a las arcas judiciales provendrán de la Coparticipación Federal de impuestos con 6.885 millones de pesos; recursos propios por 225 millones y Contribuciones Figurativas del servicio del Tesoro, con 2.608 millones. En tanto, los gastos –del orden de los 9.437 millones de pesos- se distribuirán de la siguiente manera: 8.455 para personal (89.6% del total), 100 millones para bienes de consumo (1.06%) y 881 millones para servicios no personales (9.34%).
La inversión real será de 281 millones de pesos, de los cuales 40 millones se destinarán a obras públicas, entre las que se encuentran remodelaciones del edifico sobre la calle Leloir; ampliación y remodelación del edificio de Chos Malal – área forense y Cámara Gesell- y refacción de los inmuebles de los Juzgados de Paz en el interior. Los 241 millones restantes serán invertidos en sistemas informáticos para los organismos judiciales no penales con el objetivo de implementar la modalidad digital en el acceso al servicio de justicia, situación que se vio “acelerada” con el aislamiento social producto de la pandemia. El plan que se pretende ejecutar conllevará dos años, con una inversión inicial a efectuarse el próximo año para la adquisición de licencias de software.
Los gastos incluyen los créditos para atender las erogaciones derivadas del crecimiento vegetativo de la planta de personal, pero no contempla partidas para financiar incrementos salariales. Además, los incisos bienes de consumo y servicios no personales se estimaron teniendo en cuenta los insumos derivados para el cumplimiento de los protocolos sanitarios para afrontar la situación epidemiológica ocasionada por el COVID-19, así como también el efecto de la inflación sobre los costos.
El articulado de la propuesta autoriza al Poder judicial a reestructurar las partidas presupuestarias que considere necesario.
Los fundamentos explican que para la elaboración del presupuesto 2021 se tuvieron en cuenta las pautas macrofiscales fijadas por el gobierno nacional en su proyección de recursos y los lineamientos del órgano rector en la provincia en la materia. Aseguran que los números proyectados mantienen “una relación de equilibrio entre recursos y gastos”.
El proyecto de ley (13898) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de octubre, firmado por el presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, los vocales Germán Busamia y Alberto Elosú Larumbe, la vocal Soledad Gennari, y los fiscales José Geréz –vocal subrogante- y Rómulo Alberto Patti –fiscal general Subrogante- y la Secretaria de Superintendencia, Claudia María Valero.