Histórico: La presidenta de la Corte brasileña rechazó el habeas corpus de Lula y será detenido

La Corte Suprema de Brasil negó hoy por seis votos contra cinco el habeas corpus que podría haber librado de la prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien queda así a un paso de la cárcel, condenado a doce años por corrupción.

Lula ya ha sido hallado culpable por dos tribunales y, de acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación de hoy, una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena, lo que pudiera suceder en los próximos días a partir de este fallo.

El recurso rechazado hoy por el Supremo intentaba que Lula conservara su libertad mientras tramitan todas las apelaciones que le restan, que incluyen una ante el Superior Tribunal de Justicia y una última ante la propia Corte Suprema.

El camino hacia el rechazo del habeas corpus lo abrió el juez Edson Fachin, instructor en el Supremo del caso Lava Jato, referido a la trama de corrupción en Petrobras y por el que Lula fue hallado culpable en esta causa, una de las siete que enfrenta en la Justicia.

Fachin recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso de Lula.

Con la votación empatada a cinco, quien terminó de inclinar la balanza contra Lula fue la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes, quien terminó de configurar la ajustada mayoría que negó el recurso.

En la causa penal a la que se refería el habeas corpus, Lula fue declarado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.

La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una "persecución política" que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.

 

 

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