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Habrá juntas evaluadoras de discapacidad en Junín y San Martin de los Andes

El ministro Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, y la ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa, firmaron convenios de cooperación para la conformación de juntas evaluadoras de discapacidad en el interior de la provincia. Uno de los acuerdos se rubricó con el intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazini, y otro similar se firmó con el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. Asimismo, estuvieron presentes la subsecretaria de Discapacidad, Andrea Umanzor; la Subsecretaria de Familia, Amancay Audisio; la Directora Provincial de Accesibilidad e Inclusión Plena, Silvia Quiroga; y la Directora de Juntas del Interior, Daniela Martinez.
Ambos convenios establecen el desarrollo de acciones que permitan el funcionamiento de las juntas evaluadoras, las cuales certificarán en cada caso la discapacidad de las personas, ejerciendo una cobertura integral a fin que el interesado pueda acceder al certificado de manera más ágil y próxima a su lugar de residencia, utilizando los recursos humanos locales idóneos para dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las necesidades de la comunidad.
En ese sentido, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez dijo que “estos marcos colaborativos nos permiten coordinar acciones que beneficien y garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad de nuestra provincia. Establecer nuevas juntas evaluadoras en estas localidades cordilleranas permitirán agilizar el trámite para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y, al mismo tiempo, establecer un vínculo más cercano y eficiente con las neuquinas y neuquinos. Asimismo, nuestro propósito es poder ofrecer un acompañamiento acordé a las necesidades de cada localidad y sus habitantes”.
Por su parte la ministra Adriana Figueroa celebró la firma del convenio de colaboración entre las partes enunciando que ¨hablar de la descentralización del territorio, es hablar de una excelente política pública. Este convenio posibilita que las personas con discapacidad de la zona sur, tengan un acceso a la atención más rápida y cercana”. Además, invitó a continuar este tipo de iniciativas “trabajar interministerialmente nos permite tener una mirada abierta e integral, que siempre enriquece las intervenciones que realizamos en el territorio”.
La Junta Evaluadora de Personas con asiento en la Ciudad de Junín de Los Andes recepcionará la demanda de evaluación de Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue, Las Coloradas, Pilo Lil y de aquellas localidades o parajes que por la cercanía y comodidad resulte más acorde para el solicitante. Por su parte, la junta establecida la Ciudad de San Martin de los Andes recibirá la demanda de evaluación de Villa La Angostura, Villa Traful y también de aquellas localidades o parajes cercanos.
Previo al funcionamiento de la Junta Evaluadora de Personas, se brindará una capacitación por parte de los profesionales de la Subsecretaria de Discapacidad articulado con Nación, a los profesionales que la integren en relación a la forma de evaluación y emisión del Certificado Único de Discapacidad de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, se realizarán capacitaciones y actualizaciones permanentes durante su funcionamiento.
Por su parte, cada municipio designará un responsable que se encargará de informar a los interesados sobre los requisitos para obtener el certificado de discapacidad; recepcionar las solicitudes de evaluación; gestionar ante la Junta Evaluadora de Personas los turnos correspondientes para llevar adelante la entrevista presencial, procesar la carga del protocolo de evaluación e impresión de los certificados y remitir la documentación para su archivo; cargar en el Sistema Implementado por el Servicio; entregar los Certificados Únicos de Discapacidad y todo accionar que se desprenda del funcionamiento de dicha junta.
El ministerio de Ciudadanía, a través de la Subsecretaría de Discapacidad, realizará el control, supervisión y auditoría de las prestaciones que se ejecuten en el marco del convenio, con el objetivo de optimizar el trabajo en común. El acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una duración de dos años.

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