Gutiérrez tiene el apoyo de Casa Rosada para encauzar el conflicto de Salud

Entre los cortes que llevan adelante los autoconvocados hay algunos que se están llevando adelante en rutas nacionales. En esos puntos está desplegada la Gendarmería. La decisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, es colaborar para contener un posible desborde, pero no avanzar con un desalojo de la ruta.
“Nuestra presencia en las rutas que son nacionales apuntan a reencauzar el tránsito, contener cualquier tipo de desborde, y garantizar lo periodos de circulación en que los manifestantes abren la ruta”, indicaron a Infobae fuentes del Ministerio.
Tanto en el gobierno nacional como en el provincial entienden que la resolución del conflicto tiene que ser por la vía del acuerdo. Hay motivos. El primero, y principal, es que nadie quiere las fotos de trabajadores de la salud desalojados de las rutas girando en todo el país. En un momento de hipersensibilidad por el impacto de la segunda ola de coronavirus, una imagen de ese estilo les generaría un costo político a las dos gestiones.
Además, entienden que desalojar una de las rutas solo será cortar la manifestación pública del conflicto, pero no ayudará a resolverlo. Si no hay acuerdo en una mesa, tarde o temprano los trabajadores volverán con los cortes. Por eso en Balcarce 50 sostienen que la llave del conflicto la tiene el gobierno de Omar Gutiérrez.
En el Ejecutivo neuquino distinguen con claridad el componente político de la manifestación. Gran parte de los manifestantes, sostienen, están alineados en partidos de Izquierda, mientras que un puñado son de las filas del Frente de Todos. Gutiérrez planteó esa presencia de la militancia oficialista en el reclamo y en el Gobierno le dijeron que no hay forma de controlarlos.
Gutiérrez recibió ayer un ofrecimiento del secretario general ATE, Carlos Quintriqueo, para encontrar una salida al conflicto. En la provincia hay 10.500 trabajadores de la salud. El 10% forma parte de la protesta y no está sindicalizado, mientras que el resto está trabajando y formó parte del acuerdo salarial que se cerró con el sindicato.
El acuerdo vigente, que aceptó el sector mayoritario, consiste en un aumento del 15% sobre conceptos remunerativos; un aumento fijo, no remunerativo, de $ 3.500; el pago de un Bono Extraordinario de $ 15.000 (dos cuotas de $ 7.500 Marzo y Abril) y un aumento del trabajo extraordinario del 25% para Guardias, Recargos y Traslados. Ese acuerdo está vigente hasta el 1 de julio.
Los autoconvocados no formaron parte de ese acuerdo salarial porque no tienen representación en la mesa sindical. Sin embargo, la salida del conflicto esté justamente en esa mesa.
“Omar Gutiérrez tiene la posibilidad de salvar este conflicto si es capaz de sentarse con ATE a discutir un acuerdo salarial, pero para los 31.000 trabajadores estatales”, sostuvo en el inicio de un paro del gremio de los estatales que va a afectar a toda la administración pública de la provincia. Fue un guiño al ejecutivo local.
El gobernador neuquino ve en esa propuesta una posible salida. Es decir, que el gremio le de un lugar en la mesa de negociación a los autoconvocados y formen parte de una nueva negociación que resuelva aumentos para el segundo semestre del año. La necesidad de un acuerdo son urgentes porque las perdidas en la producción hidrocarburífera podrían afectar la provisión de gas el mes que viene en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Neuquén ven una “clara intencionalidad política” por parte de las agrupaciones de Izquierda de desgastar a Gutiérrez. Consideran que no importa cuál sea el aumento que propongan, no hay voluntad de llegar a un punto de encuentro. Por eso confían en que sentar a los autoconvocados en la mesa sindical será un camino paralelo que puede arrojar buenos resultados.
El conflicto salarial está generando pérdidas millonarias. La caída de la producción podría generar problemas en el abastecimiento. Hasta el momento se registró una pérdida de unos 3 millones de metros cúbicos y alrededor de 5.000 barriles de petróleo diarios. Ese descenso abrupto en la producción podría llevar al Estado a tener que cortar el gas para las centrales eléctricas o la industria, o a tener que suplantarlo por alternativas más caras. Al día de hoy no hay un solución que esté a punto de concretarse.