El Frente de Todos señala un nuevo negocio en la Isla 132

Como en los tiempos del quirogismo, la alianza inmobiliaria avanza intacta, gobierna la ciudad y se apropia de la tierra de muchísimo valor para la ciudad.
Es por eso que el bloque de concejales del Frente de Todos, Marcelo Zuñiga y Ana Servidio, propone que se discutan en el seno de la comunidad neuquina y en el Concejo Deliberante, un conjunto de políticas públicas sobre el suelo urbano, para no seguir reproduciendo el mecanismo perverso que enriquece a unos pocos y condena a la exclusión y la informalidad a cientos de miles de familias neuquinas.
El gobierno municipal y provincial (Cordineu), pretende habilitar la construcción de edificios de departamentos en la isla 132. Para ello intenta modificar los Artículos 12º y 13º de la Ordenanza 12.982, “directrices urbanísticas para la isla 132”, permitiendo el uso residencial “vivienda multifamiliar (edificios departamentos)”.
Resulta preocupante, ya que no se está analizando el impacto ambiental de las habilitaciones propuestas y además se autoriza el desarrollo inmobiliario en áreas utilizadas para la Fiesta de la Confluencia.
Puede advertirse claramente un proceso de avanzar hacia la privatización de la isla, beneficiando el desarrollo inmobiliario, sin contemplar ni hacer un estudio serio y planificado respecto del impacto ambiental provocado por la residencia permanente de cientos de familias.
Con las modificaciones propuestas, se pretende incrementar la rentabilidad de los contratistas y desarrolladores inmobiliarios. Los cambios en indicadores urbanísticos importan un incremento considerable del valor del suelo, pero esa mayor renta se la apropian unos pocos.
Este proceso que lleva décadas, implica que Neuquén sea una de las cinco ciudades con el suelo urbano más caro del país y se traduce en la imposibilidad para miles de familias de poder acceder a la compra de un lote o al alquiler de una vivienda.
La ciudad necesita revertir ese proceso, recuperar el incremento de valor que genera con la obra pública y con las modificaciones normativas y movilizar hacia la realización de obras de infraestructura, urbanización de barrios populares y producción de lotes con servicios para que el derecho a la ciudad sea una realidad.