Comenzaron las entrevistas para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) recibió este jueves a tres postulantes para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hicieron una exposición y luego fueron entrevistados por los legisladores y legisladoras. El cuerpo funcionó a pesar de no contar con quórum para poder recibir a las personas que habían sido citadas.
En ese marco, el primer entrevistado fue el docente Andrés Meuli, quien hizo un repaso de su trayectoria en organismos de derechos humanos en la provincia desde que arribó de Tucumán en 1981: “Veo que el Estado neuquino se ha enmarcado dentro del paradigma de los derechos humanos, que no es sólo un postulado teórico sino prácticas que apuestan a una vida democrática, una sociedad en la que exista el respeto de los derechos para todos y todas”.
Meuli, quien forma parte actualmente de la Asamblea por los Derechos Humanos, afirmó que “siguen las marcas de la dictadura, las miradas del `qué habrán hecho´, del `se lo merecen´, del `encima quieren trabajo o comida´ sobre las personas detenidas” sobre lo que sentenció: “Aun queda un largo debate. Hay que tener en cuenta que el único derecho que pierde quien está detenido es el de la libertad”.
A continuación, la comisión recibió a Estefanía Buamscha, abogada especializada en derechos humanos con experiencia en cargos públicos en la provincia de Buenos Aires y actualmente trabajando en el área de promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén.
Buamscha repasó sus experiencias y logros en sus lugares de trabajo a la vez que remarcó que durante su labor en Buenos Aires hizo más de 400 monitoreos con ingreso a cárceles sobre lo que expresó: “Entrar en una cárcel es muy complejo y una gran responsabilidad porque cualquier cosa que uno hace o dice tiene consecuencias. Hay que pensar que después uno se va, pero el detenido no”. “Por contextos de encierro entiendo también a centros de detención de niños y adolescentes y hospitales psiquiátricos”, aclaró la postulante.

Luego, consultada sobre perspectiva de género y los porcentajes de mujeres detenidas en relación a los hombres, la abogada aseguró que “el número de mujeres es menor porque hay reglas internacionales que estipulan que la prisión efectiva no debe ser la primera opción para mujeres ya que muchas son jefas de hogar pero, sobre todo, porque las mujeres cometen menos ilícitos”. Finalmente, el cuerpo entrevistó a la licenciada Silvia Couyoupetru, quien se ha desempeñado en áreas de ejecución penal y docencia en contexto de encierro. “Tengo la convicción de que la participación es lo que fortalece las organizaciones”, dijo al comenzar su alocución.
“Si bien hay un bagaje legal que debería alcanzar, Neuquén aún no ha dado una discusión profunda sobre su sistema penitenciario”, opinó la postulante. Además, aclaró que su visión es que “hay que abrir las cárceles, en un sentido simbólico. No pueden ser instituciones cerradas. Cuanto más acceden a la educación, a la salud mental, a la cultura, son menores los índices de violencia” y añadió que “esto no es más ni menos que cumplir con la ley”.
Para concluir, Couyoupetru dijo que el Comité “puede construir conocimiento cierto y articular para discutir políticas públicas”. “Las organizaciones no venimos a denunciar sino a colaborar”, cerró.
El comité estará compuesto por ocho integrantes, respetando los principios de equidad de género y transdisciplinariedad, cinco de los cuales se presentaron a propuesta de organizaciones involucradas en la defensa de las personas privadas de la libertad y son quienes serán entrevistados por la comisión G. El Comité será el encargado de realizar inspecciones periódicas, recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, elaborar recomendaciones sobre políticas públicas, confeccionar una base de datos sobre casos de torturas y malos tratos y preparar un informe público anual a los tres poderes del Estado sobre la evolución de la realidad carcelaria. Asimismo, podrá presentarse como querellante en causas judiciales relacionadas con hechos de tortura, como iniciarlas si ve obstaculizadas sus funciones y tareas.