Chile: Corte ordena a la Diócesis Villarrica devolver terreno a familia mapuche

La orden de restituir la hijuela de una hectárea y media de terreno a una familia mapuche de la localidad de Neltume, en la comuna de Panguipulli, se mantiene vigente luego de que la Corte Suprema rechazara la petición de la Diócesis de Villarrica, de invalidar la sentencia, apelando a un error de derecho.
En un fallo unánime, la 4ª sala de la Corte Suprema, estableció que no existían errores en la sentencia en la que se aplicó la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de los pueblos indígenas.
La demanda ingresada en 2016 y fallada a favor de la familia Antimilla-Caupan cuatro años después, resolvió que el contrato que la Diócesis de Villarrica mantenía desde 1989, entonces llamado Vicariato Apostólico de la Araucanía, y en el que se establecía un compromiso de arriendo del terreno por 99 años, debía revocarse tras no ajustarse a la legislación actual.
En dicha época, la Diócesis habría realizado un pago único de 70 mil pesos por el periodo total de arrendamiento de las tierras, contrato que además contenía una promesa de venta que se haría efectiva transcurridos 20 años, estando ya pagada con el mismo dinero cancelado.
Según la abogada demandante, Viviana Soto, este y como en otros casos similares, constituyeron una especie de fraude a la ley, debiendo devolverse el terreno a la familia mapuche. La jurista aseguró que a través de esta fórmula de arrendamiento y compraventa muchos mapuches fueron despojados de sus tierras, tema que ya está prohibido por la actual ley indígena, como también lo suscribe la Corte Suprema.
Por su parte, representantes de la familia Antimilla-Caupan habían enviado en 2020 una carta a los Obispos del Comité Permanente del Episcopado en Chile, donde denunciaban sobre el caso que “la resistencia a restituir dichas tierras a sus legítimos dueños no es solo judicial, porque el obispado de Villarrica intentó sanear por la vía del decreto ley N° 2695 (que regula la posesión de pequeñas propiedades), intentando inscribir la propiedad a su nombre”.
Tras este rechazo se ordenó la restitución del predio a los Antimilla-Caupán, en un plazo de tres días tras notificarse la sentencia, y la Diócesis de Villarrica deberá hacerse cargo de los costos de la causa y el recurso presentado.