Chihuido: carta y reclamo de Consorcio chino al ministro Katopodis

El proyecto para construir la represa Chihuido I tiene caídos todos sus plazos para el inicio de la obra, y en medio de una nueva búsqueda de licitación, un consorcio chino con socios locales -que ya había participado en la licitación anterior- le pidió al Gobierno nacional que se revise el proceso que le adjudicó la obra a la constructora Helport, ya que nunca consiguió el financiamiento para iniciar los trabajos.
Según indicó el portal Noticias Argentinas, el consorcio conformado por las empresas PowerChina -sucursal Argentina-, Holdec Inversora S.A., CPC S.A. y Rovella Carranza S.A. envió una carta fechada el 15 de marzo, dirigida al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien encabeza el comité mixto que analizará el expediente de la licitación, con copia al secretario de Energía de Nación, Darío Martínez.
En la misiva, indican que el dictamen de adjudicación adolece de “inconsistencias técnicas llamativamente evidentes” y advierte que el grupo encabezado por Helport cambió las condiciones de financiamiento originalmente ofrecidos en los pliegos de la oferta, trocando los capitales rusos comprometidos por fuentes de financiamiento alemanas, lo que “implica una flagrante alteración de su propuesta y una modificación esencial de las condiciones tenidas en cuenta al momento en que se la preseleccionó en el primer orden de prioridad”.
El consorcio chino señala además que ante las inconsistencias técnicas detectadas en el dictamen de la Unidad Técnica de la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (UTMES) corresponde que la obra le sea adjudicada “en virtud de haber presentado la oferta más conveniente”.
La represa Chihuido está proyectada para realizarse sobre el río Neuquén, ubicado a 155 kilómetros de la ciudad homónima. Fue adjudicada en el año 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al consorcio liderado por Helport, conformado además por Panedile S.A.I.C.F., Isolux Ingeniería S.A., Chediack S.A.I.C. -de José Chediack-, Eleprint S.A., y Hidroeléctrica Ameghino. Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, la obra nunca contó con el financiamiento de más de USD 2.200 millones necesarios para la construcción de la esperada represa de 637 MW de potencia sobre el río.
Proyectada desde los años 70, la represa de Chihuido pareció tomar impulso cuando el consorcio encabezado por Helport se quedó con la licitación. Sin embargo, la obra nunca se inició. De hecho, el financiamiento original que vendría desde Rusia nunca se cristalizó, y Helport sacó un as de la manga: un crédito de bancos alemanes a una tasa del 6,7%.
La alternativa de financiamiento por parte de un grupo de Alemania se debe a que el consorcio adjudicatario eligió a la firma alemana Voith Hydro para la provisión de las cuatro turbinas Francis de eje vertical que potenciarán a la represa. Esta empresa, interesada en sostener su participación acercó la posibilidad del crédito.
En ese sentido, en la carta enviada a Katopodis los apoderados del consorcio chino alertan que el nuevo financiamiento ofrecido por el de Helport “proveniente de capitales alemanes, se encontraría supeditado a la evolución de variables de la macroeconomía nacional que podrían tornar radicalmente más gravoso para el costo de la obra que el oportunamente propuesto y evaluado”.
En esa línea, enfatizan que el financiamiento ofrecido por sus representadas “se mantiene en los términos en que fue comprometido al formalizarse la oferta, y resulta, en relación con el que tardíamente presentara el oferente preseleccionado, económicamente más conveniente, por no permanecer asociado a la fluctuación de aquellas variables macroeconómicas a las que el nuevo financiamiento del oferente preseleccionado estaría sujeto”.
Antes las circunstancias planteadas en el escrito los apoderados indican que “encontrándose el proceso licitatorio en curso” ahora corresponde que “se efectúe una revisión integral y pormenorizada de las actuaciones, disponiendo lo necesario para asegurar en ellas el estricto imperio de la legalidad y del principio de igualdad de los postulantes, y verificando que no se adopten en su marco decisiones perjudiciales para las cuentas públicas y los intereses sociales comprometidos”